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VALENCIA. El president de la Generalitat anunció que el número de altos cargos y miembros del Consell se reduciría en un 30%. La noticia fue bien recibida. Mostraba -se decía- una voluntad de reducir y controlar el gasto público. Luego nombró un nuevo Consell con menos altos cargos y consellers. Buena parte de los medios de comunicación destacaba en titulares que la reducción era, efectivamente, del 30% prometido por Camps, pero los datos que publicaban no se correspondían con los titulares. Las matemáticas fallaban.

El Consell lo forman ahora 11 personas, incluido el mismo president, tres menos que hace un mes. La reducción es del 21,5%. Rozaríamos lo prometido con un conseller menos. Los altos cargos del Consell (secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y directores de organismos públicos) han pasado de aproximadamente 120 a unos 100. La disminución se acerca al 17%: para cumplir lo anunciado, deberían haberse suprimido 16 altos cargos más. Los asesores de confianza (no se han dado cifras concretas) deben haberse reducido, por lógica organizativa, en cifras cercanas al 20%. Por tanto, el recorte del Gobierno y altos cargos del Consell ha sido inferior a lo anunciado por el president.

Mejor con menos organismos, empresas públicas y fundaciones

Además, la reducción del Gobierno parece agotarse ahí. Pero, si el Consell quiere reducir gastos, debería reconsiderar, en serio, la gestión y la misma existencia de 70 empresas y fundaciones dependientes de la Generalitat, y que actúan en paralelo a la acción ordinaria del Consell. Tendría que racionalizar el número y funciones de los consejos asesores de todo tipo que pueblan las consellerías y hacer frente, de una vez por todas, al agujero negro de RTVV y algunos de los grandes proyectos. No sobra administración y servicios públicos.

Sobran organismos y mala gestión. Si Verdeguer y Vela quieren, de verdad, reorientar la política económica del Consell y controlar la desbocada deuda de la Generalitat tendrán que podar el entramado de organismos paralelos creados en la última década, explicar más y mejor el porqué de las decisiones públicas que se adoptan y gestionar de una manera más transparente de como hasta ahora ha venido haciéndolo el Consell. Mucho trabajo por delante.

¿Por qué no suprimir instituciones dudosamente útiles?

La recientemente elegida presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que suprimirá instituciones autonómicas inútiles. Ha puesto como ejemplo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, algo similar al Síndic de Greuges valenciano. Nuestro Estatuto de Autonomía establece la existencia de seis instituciones derivadas o vinculadas a las Corts Valencianes, a saber: el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Instituciones todas ellas con más pompa que circunstancia, lo que suele significar poco control, menos transparencia, sueldos y dietas más que generosos, y presupuesto excesivo. Con su funcionamiento actual, suponen un despilfarro de los recursos públicos, habida cuenta de que los beneficios colectivos que generan, aunque sea injusto generalizar, son más bien escasos.

Si realmente queremos reducir el entramado gubernativo, institucional y administrativo para aumentar la eficiencia de las administraciones públicas valencianas deberíamos preguntarnos decididamente sobre el sentido de mantener el Consell Valencià de Cultura, que ha perdido el sentido que tuvo cuando se creo hace 30 años, o el Síndic de Greuges, que nunca ha conseguido tener un mínimo prestigio, y alimentar la sobredimensión del resto de instituciones estatutarias.

Aprovechando los debates que abre la crisis, deberíamos ser valientes y suprimir las instituciones que no aportan nada en especial desde hace años. El sentido y el prestigio de las instituciones sólo pueden medirse por el trabajo y beneficio colectivo que generan. Si pierden su razón de ser, no deberíamos mantenerlas.

Pero, ya se sabe, las instituciones estatutarias están vinculadas a las Corts y, en el Palau de Benicarló, siempre se dispara con pólvora de rey. Sueldos altos, valor social escaso. Cuesta entender que el presidente de las Corts cobre 113.608 euros al año, que el director de Gabinete del presidente de las Corts gane 97.000 euros al año y los asesores de dicho Gabinete 78.000 euros, cuando el president de la Generalitat gana 67.615. ¿Acaso su responsabilidad y relevancia pública es mayor? No lo parece. El president de la Generalitat es la primera y principal institución valenciana, y, por su parte, las Corts Valencianes no son una institución especialmente eficiente ni como cámara de control al ejecutivo y como eje del debate político legislativo, en sus breves períodos de sesiones.

Si la partitocracia gana, la democracia pierde

La asunción de cargos y responsabilidades en política es un juego de suma cero. Si una persona ocupa una posición, el resto de personas no. Esto explica la dureza de la lucha por el poder. Por eso no son una cuestión menor, ni mucho menos, las características de los responsables de las instituciones. Si se exige un mínimo prestigio intelectual para formar parte de una institución, por seguir con el Consell Valencià de Cultura, no debe ser convertido en un asilo de políticos sin oficio, por muy válidos que sean en otras materias. Si se hace, alimentamos la descalificación, progresivamente menos demagógica, de que los políticos son cada vez más ni-ni, están cada vez más ensimismados y viven encerrados en una lógica perversa por ocupar el poder y vivir del presupuesto público. Y eso no es bueno.

Vivimos una época dominada por la inmediatez de la última noticia. Lo ocurrido ayer nos parece pasado remoto. Creemos que si una realidad no se ve, no existe. Pero no es cierto. Cuando los últimos campamentos y grupúsculos del 15M están regresando a casa, los políticos, incluso los que antes de las elecciones eran enemigos que no se soportaban, como Camps y Alarte, llegan a acuerdos a velocidad deslumbrante para aumentar la financiación de los partidos a través de la subvención por votos recibidos en las elecciones a las Corts Valencianas, encuentran formas de subirse el sueldo y recolocan a los suyos en todo tipo de instituciones, tenga o no sentido.

Si alguien había imaginado que la partitocracia valenciana iba a intentar entender algo de las movilizaciones del 15M y cambiar sus comportamientos más obtusos y degradados, está claro que se ha equivocado. En consecuencia, si la crisis continua o si la recuperación es demasiado lenta y se prolonga en el tiempo, el malestar social no dejará de aumentar, los 15M (con ese u otro nombre) se repetirán, tendrán un componente más antipartidista, cuestionarán con más intensidad la democracia representativa (la única real), a los políticos y a las instituciones y tendrán un populismo más agresivo.

Lo que fortalece el malestar populista no tienen su origen exclusivamente en los grandes partidos, pero éstos no dejan de acrecentarlo. El problema empieza a ser grave, aunque en la periferia valenciana no lo parezca. Nuestra casta política debería empezar a ser consciente de que, si la partitocracia en la que viven gana, la democracia pierde, y actuar en consecuencia. ¿Sabrán hacerlo?