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La realidad y la política de saldo

TAULA DE CANVIS / JOAQUIM CLEMENTE. 30/05/2011 "Los empresarios no parecen ya receptivos a la promesa de Francisco Camps de que todo se arreglará cuando el PP gane la Moncloa. '¿Y mientras, qué? ¿seguiremos sin cobrar las facturas?'..."

VALENCIA. Una única semana ha sido suficiente para que la realidad haya vuelto a ocupar el espacio que le corresponde en la economía valenciana, usurpado durante la campaña electoral por mensajes de futuro ilusionante, progreso inminente y recuperación milagrosa. La peor resaca electoral la viven, sin duda, los socialistas valencianos. A ellos les corresponde hacer análisis de su abultada derrota y de la pérdida de votos que han establecido un nuevo suelo para el PSPV-PSOE.

Pero la semana que ayer se cerró, al margen de las más o menos declaraciones altisonantes de ganadores y perdedores, ha tenido un sonido de fondo que debe preocupar al Partido Popular.

"El nuevo Consell no tiene 100 días de gracia. Deben empezar a tomar medidas ya, sin tardar ni un día. Ya se han perdido demasiados...". La advertencia lanzada por un alto responsable de una de las patronales valencianas, y que abrió la edición del martes de este periódico, fue la primera de una cascada de declaraciones del empresariado valenciano dirigidas al Palau de Benicarló.

Los empresarios no parecen ya receptivos a la promesa de Francisco Camps de que todo se arreglará cuando el PP gane la Moncloa. "¿Y mientras, qué? ¿Seguiremos sin cobrar las facturas?", se preguntaba estos días uno de los proveedores de Sanidad, con los que el Consell mantiene un agrio enfrentamiento.

La situación de colapso financiero de las cuentas públicas no dan margen para el optimismo. Se las prometía felices el conseller Gerardo Camps cuando anunció la última emisión de bonos 'patrióticos'. Segundo aldabonazo: de los 600 millones ampliables a 900 millones, los bancos colocaron poco más de 770 millones.

Hay quien podría pensar que no está mal. Pero el resultado de la operación arroja un dato muy clarificador pero en sentido negativo: de esos 770 millones, 600 millones estaban asegurados, es decir, la Generalitat paga una comisión para garantizarlos. Por tanto, la realidad, de nuevo, es que de los 300 millones que se confiaron a la "propensión de los españoles de comprar papel público", como lo describió la agencia de calificación Moody's, sólo se alcanzaron la mitad. Todo un síntoma.

Hay más. Las entidades valencianas implicadas en la colocación (CAM, Caixa Ontinyet, Bancaja -por encargo de Caja Madrid- y Banco de Valencia) se quedaron en cifras por debajo de las que se habían comprometido, algunas muy por debajo. No es de extrañar. Bankia prepara su salida a Bolsa, ¿para qué quemar a posibles inversores cuando los necesitará para que compren sus acciones? CAM, por su parte, no está para ninguna alegría, y lejos de tener una posición prestadora, necesita que le inyecten millones para, de momento, mantener la cabeza fuera del agua.

Aunque fue el año pasado, qué lejos quedan esos días en que las dos cajas se rascaban el bolsillo a la orden de ya y se quedaban emisiones multimillonarias de la Generalitat sin rechistar, a tanto por uno. Hoy, ni Rato ni el Banco de España, auténticos dirigentes de las dos cajas valencianas, se arriesgan por mucho que la orden llegue de la calle Cavallers.

La desaparición del sistema financiero, ese que Gerardo Camps asegura que no existía, es una muesca que la Generalitat, que abdicó de su responsabilidad en todo el proceso de concentraciones de cajas, debe añadir a sus logros. Esos logros que, en las cuentas de resultados de la empresas aparecen entre paréntesis.

La sorpresa que se llevó la Conselleria de Economía con la última emisión se la conocen de sobra ya los empresarios. Los bancos cerraron el grifo. Sin financiación no se pueden poner en marcha proyectos capaces de reestructurar el sistema productivo.

"Que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se convierta en una especie de banco público que supla esta anomalía", claman los empresarios. La propuesta no es nueva. Lo mismo se ha sugerido al ICO. Quizá sea esta una buena manera de empezar la legislatura...

El viernes, ValenciaPlaza.com despertaba a algunos de ese sueño: El IVF da préstamos, sí, al igual que avala operaciones de apalancamiento. Pero no son las empresas privadas las que se benefician de forma mayoritaria de esos créditos, que encima han sufrido un recorte sustancial en el último año. Son las empresas públicas las que los copan de manera apabullante. Seguramente en proporción al tremendo agujero que acumulan en sus pasivos algunas de ellas.

Quizá entonces la medida inicial tendría que ser sanear todo el sector público valenciano. Dejarse de gastos superfluos y liberar capital. El Consell desempolva un anuncio viejo: el cierre de siete fundaciones y dos empresas públicas. "Una medida de austeridad", dice la portavoz del Consell Paula Sánchez de León.

Pero no es más que puro artificio, tanto por el hecho de que los organismos que se han suprimido prácticamente ya había desaparecido formalmente, y porque el ahorro de gastos que suponen no llega ni al 0,06% del presupuesto total. Pero la medida se antoja aún más populista cuando se repasa el organigrama del Consell y se comprueba que existen aún 30 empresas públicas y 32 fundaciones, algunas de ellas pozos de deuda sin fondo, otras opacos instrumentos con finalidad desconocida.

Esta es la realidad. La que choca con el optimismo a veces tan excesivo, como incomprensible por los empresarios, que enarbola Camps. Bien harán los empresarios en insistir en sus mensajes. Hay más en juego de lo que se ve a simple vista.

CAIXA DE GROS

"Queremos un Gobierno valenciano fuerte, formado por los mejores". Las palabras del presidente de la Asociación Valenciana de Empesarios (AVE), Vicente Boluda, añadieron presión a Francisco Camps. Lo relevante del caso es que esa exigencia llegaba horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asumiera la investigación de la segunda parte del caso Gürtel, la que afecta a la financiación irregular del PP y que sitúa a Vicente Rambla en el ojo del huracán.

Rambla se había convertido en el candidato preferido por los empresariospara ocupar la cartera que contenga las competencias que más les afectan, tras el desencanto, cuando no malestar, con el actual viepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps.

El caso Gürtel lleva ya dos años sobrevolando el Consell y amenaza con alargarse más. ¿Puede ser fuerte un Gobierno que debe atender una agenda paralela, la que marca la Justicia, en lugar de concentrarse exclusivamente en la gestión?

CAIXA DE MENUT

El conseller Rafael Blasco, se despachó la semana pasada con una petición (¿dirigida a quién?) para adelantar los procesos de toma de posesión de los nuevos diputados, celebración del debate de investidura y nombramiento del nuevo Consell. Una declaración tan ampulosa como, en el fondo, tramposa.

El PP de Francisco Camps lleva gobernando la Generalitat ocho años. El Consell, aunque en funciones, sigue activo, como lo demuestran las decisiones tomadas en los dos últimos plenos. Blasco, en lugar de buscar los micrófonos de la prensa, debió levantar el teléfono de sus compañeros de Consell. Eso, claro, siempre que sus intenciones fueran las de ponerse a gobernar y no las hacer política barata.

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